Tomado de El Tiempo (12 de Agosto de 2007 )
Al endurecimiento de la legislación se suma un programa del presidente George W. Bush que busca controlar el acceso al mercado laboral para los indocumentados.
Hasta hace poco la vida para la colombiana Verónica Cruz era dura, pero no imposible. Cruz, que lleva 10 años viviendo como inmigrante ilegal en E.U., solía conseguir trabajo con relativa facilidad en Tennessee, donde se empleó como niñera, mesera, empleada doméstica e, inclusive, ayudante en una práctica de odontología.
Pero el año pasado su suerte cambió luego de que el congreso de ese estado aprobó una ley que multa con 50.000 dólares (100 millones de pesos, aproximadamente) a cualquier empleador que dé trabajo a un ilegal.
"Ya nadie te abre ni la puerta", dice Cruz. La ley de Tennessee, por dura que parezca, no es excepcional. De acuerdo con un reciente estudio, legisladores estatales a lo largo y ancho del país han comenzado a llenar 'de facto' el vacío que dejó el Congreso estadounidense al no aprobar una ley migratoria que buscaba reforzar controles fronterizos y solucionar la situación de los más de 12 millones de indocumentados.
Tan solo en lo que va de este año, dice el reporte elaborado por la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, los estados aprobaron 170 leyes migratorias entre más de 1.400 consideradas. La cifra es el doble de la registrada a lo largo de todo el 2006 y un récord en la historia. Algunas de ellas fueron benévolas. Quince estados, por ejemplo, autorizaron iniciativas que castigan con dureza a quienes trafican con ilegales o los explotan a través de la prostitución.
Pero en general se trata de leyes que buscan cerrar la puerta a los indocumentados.
Algunas, como el caso de Arizona, con puntillas y candado. En este estado, que es fronterizo con México, quien contrate a un ilegal verá su negocio suspendido por un par de meses. Si reincide, perdería la licencia de funcionamiento. En general, 19 estados aprobaron leyes similares a las de Arizona o Tennessee, encaminadas a limitar el acceso de los ilegales a las fuentes de trabajo.
Ni licencia de conducción
Muchos, casi diez, prohibieron extender contratos estatales a compañías que utilicen a ilegales y cancelaron la posibilidad de recibir ayudas del Gobierno por desempleo. Indiana, Kansas, Kentucky, Montana, Nevada y Luisiana, para citar otros casos, elevaron a tal punto los controles que será prácticamente imposible para un ilegal obtener una licencia de conducción.
Peor aún, al menos 15 estados pasaron medidas que prohíben cualquier asistencia a un ilegal, incluyendo, en algunos casos, la médica.
"Muchas leyes tienen sentido, pero otras son draconianas. Y la responsabilidad es del Congreso que fue incapaz de aprobar una ley para abordar el problema migratorio de manera sensata. En otras palabras, dejaron que fueran los estados lo que legislaran en algo que era de competencia nacional", dice Walter Swing, del Centro para las Políticas Migratorias.
Para rematar, esta semana el gobierno de George W. Bush anunció un programa con el que pretende reforzar la aplicación de las normas migratorias vigentes y cuyo énfasis es, también, controlar el acceso de los ilegales al mercado laboral.
Los analistas ven en esto un nuevo esfuerzo para generar presión en el Congreso, que es quien debe tramitar un proyecto legislativo. Pocos, no obstante, creen que se aprobará una ley migratoria antes de las elecciones presidenciales y de Congreso previstas para noviembre del 2008.
En todo caso, malas noticias para Verónica Cruz, que se mudó a Maryland, donde muy pronto -si despega la iniciativa de Bush- también se dificultarán las cosas.
Volver a Colombia o aguantar hasta que se apruebe una ley que le permita trabajar legalmente. Es eso lo que la trasnocha por estos días.
SERGIO GÓMEZ MASERI
CORRESPONSAL DE EL TIEMPO
WASHINGTON